FORO ANTITOTALITARIO
Languages

Peligrosidad social: sanciones sin delitos

Peligrosidad social: sanciones sin delitos

mayo 01, 2013

En Argentina y otros países del sur, el término "leonera" se utiliza

para designar las zonas de las prisiones por las que los presos deben

pasar provisionalmente antes de ser ubicados o trasladados.

En Cuba no: en Cuba a eso se le llama depósito. Una leonera en Cuba es

una galera llena de criminales endurecidos. Para un joven o adolescente,

traspasar la reja de una leonera es como entrar en el infierno, dejando

afuera las esperanzas y la inocencia. Los que tienen la suerte de no

haberse buscado otras causas entre los muros de la cárcel, y logran

salir, no son nunca las mismas personas que entraron.

Sin embargo, en Cuba las vidas de miles de jóvenes que nunca han

cometido un delito –de 3.000 a 5.000 en cualquier momento, según la

Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional— se

tuercen sin remedio en las leoneras del vasto Gulag nacional, en virtud

de las caprichosas leyes de Peligrosidad Social.

Estas disposiciones legales artículos 72 al 84 del Código Penal)

permiten a cualquier jefe de sector de la policía enviar caprichosamente

a prisión, hasta por cuatro años, a alguien que no ha cometido ningún

delito.

Ese es el tema de un reciente corto (arriba) realizado en video por

Rolando Rodríguez Lobaina, cofundador junto con su hermano Néstor, en la

oriental provincia de Guantánamo, del Movimiento Cubano de Jóvenes por

la Democracia.

En la cinta brindan sus testimonios cinco jóvenes de la región oriental

que no llegan a 25 años y que fueron condenados bajo esa ley. Los

pretextos son que no trabajan con el Estado (aunque el conductor del

filme recuerda que los empleos que éste ofrece son rudos y muy mal

pagados); o que se reúnen con antisociales; o que son antisociales ellos

mismos.

Uno de los testigos cuenta el infierno que vivió, a los 14 años, en la

prisión guantanamera de Chafarinas. "la más criminal que puede haber en

Cuba o en el mundo". Recuerda que allí estaban recluidos "miles de

delincuentes, matarifes (…) que mataban a la gente, violaban a niños,

adolescentes, ancianos (…). A mí me metieron allí. Me troncharon mis

estudios, me apartaron de mi familia injustamente".

Otro considera la peligrosidad como lo más cruel que se pueda aplicar,

debido a que durante su encierro acumuló otras condenas: "Me hizo

perderme en la prisión hasta llegar a un 'pocotón' de años, por la

inexperiencia que tenía".

En su conducción del video Rodríguez Lobaina asevera que las leyes de de

peligrosidad social son un ardid para reprimir o encarcelar a los

jóvenes, una trampa de las autoridades para imponer por la fuerza su

orden social, por encima de las leyes existentes.

MONSTRUOSIDAD JURÍDICA

El abogado independiente Juan Carlos González Leyva ha expuesto la

arbitrariedad que implica esta ley desde el punto de vista jurídico: "La

figura de Estado Peligroso es parte del Código Penal. Supone medidas de

seguridad contra conductas penadas por la Ley, entre ellas, consumo de

drogas, vagancia habitual o faltar a la moral social. Otra forma, la

Peligrosidad Pre Delictiva, se emplea contra personas consideradas

proclives a cometer delito".

"En estos casos se conoce que el acusado no ha cometido delito, pero se

le encarcela para evitar que lo cometa. Es una monstruosidad jurídica y

va contra el Ítem Crimen: El derecho penal enseña que el delito comienza

con la Ideación (se piensa), siguen la Deliberación y la Resolución de

cometerlo. Nada jurídicamente condenable, incluso la Preparación del

delito no está penada, sólo si se pasa a la Ejecución".

En estos casos, sin embargo, "son juicios sumarísimos, sin garantías

procesales. El acusado está indefenso frente al tribunal. El jefe de

sector prepara el expediente, lo cita, lo acomoda todo y el tribunal

acepta. Da un poder casi absoluto al jefe de sector de la policía".

EL SATRAPA DE GUARO

El periodista independiente Reynaldo Cosano Alén ofrece en Cubanet un

ejemplo de la patente de corso que esa ley otorga a los llamados jefes

de sector de la policía para agriar sin razón la vida de cualquier

ciudadano. Escribe Cosano:

"El campesino Raúl Pérez Milanés, de 37 años, cumple sanción de cuatro

años en la Prisión Provincial de Holguín, al oriente de Cuba, por

Peligrosidad Social".

"'Como si yo hubiera cometido algún delito, o matado a alguien, el

oficial Ángel Róger Martínez Llorente (conocido por Tato), jefe de

sector de Policía de Guaro II, municipio Mayarí, provincia Holguín,

donde resido, preparó el expediente, acusándome de

contrarrevolucionario, de expresarme mal de los CDR y de reunirme con

antisociales dedicados al hurto y sacrificio de ganado vacuno'. Así me

lo ha contado Raúl Pérez".

"Pérez pertenece a la Cooperativa de Créditos y Servicios "Humberto

Estupiñán", a la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores y al CDR.

Cumple con la entrega diaria de leche fresca al Estado. Es un hombre de

trabajo, buen esposo, padre y vecino. Nunca ha estado preso. Nadie pudo

testimoniar en el juicio sobre su buena conducta. No pudo contratar

abogado".

"Además de ser víctima de Tato, Raúl Pérez, es también un padre

entristecido y preocupado por su hijo: 'Tato cita a menudo a mi hijo

Raudel, de dieciocho años, a la estación de policía. Quiere aplicarle la

Peligrosidad. Mi hijo terminó los estudios y prefirió trabajar conmigo

en la finca. En vez de contribuir a su formación como trabajador, lo que

harán es destruirlo'".

"Nereida, una hermana de Raúl, residente en La Habana, insiste: 'El jefe

de sector dijo a mi hermano: Acompáñame para darte una citación. Juicio

y prisión. Tato había dicho que lo metería preso antes de irse de la

zona. Le dicen Dos mil-Tres. Por cualquier cosa, castiga a la gente con

dos mil pesos de multa, dándoles sólo tres días para pagar'".

"'Guaro es un barrio muy pobre, los pobladores viven con doscientos

pesos mensuales. Esas multas incitan a robar para pagar, con el fin de

evitar ir preso. Hay que ayudar a la gente, no hundirla'".

EL DERECHO A GANARSE LA VIDA

Estos casos los conoce bien el economista independiente cubano Oscar

Espinosa Chepe, quien estuvo recluido en la prisión provincial de

Guantánamo tras ser condenado a 20 años en los juicios sumarios de la

Primavera Negra del 2003.

Según el economista y ex preso de conciencia, "muchos ciudadanos son

empujados al delito por un sistema que no permite ganarse la vida

honestamente, a lo que se agrega un injusto ordenamiento jurídico que

entre otras aberraciones tiene la Ley de Peligrosidad, con penas de

hasta 4 años, mediante la cual se puede condenar a prisión sin pruebas,

únicamente por la suposición de que una persona podría cometer un delito".

"La población penal"–agrega Chepe– "proviene predominantemente de los

estratos más desvalidos de la sociedad. Quienes hemos estado recluidos

en las prisiones sabemos que más del 80 % de los reclusos son negros,

mestizos y jóvenes, predominantemente de las regiones del país más

atenazadas por la miseria. En las cárceles impera la violencia y son

frecuentes los asesinatos y suicidios de personas desesperadas o

desequilibradas por años de vivir en condiciones inhumanas".

NO MÁS SENTENCIAS POLÍTICAS: PELIGROSIDAD

Un rumor de cerca de medio siglo atribuye a Raúl Castro haber propuesto

a su hermano Fidel que empezaran a ahorcar a los presos políticos

condenados a muerte cuando éste, refiriéndose a los fusilamientos del

año 59, supuestamente le increpó: "Basta de sangre".

Cierto o no, el menor de los dos hermanos también ha desarrollado la

peligrosidad como una alternativa para "acabar" –en apariencia– con

las condenas políticas que le echaban en cara a su predecesor.

Un informe publicado en noviembre de 2009 por la organización de

derechos humanos Human Rights Watch, titulado "Un nuevo Castro, la misma

Cuba", denuncia cómo el sucesor de Fidel Castro se ha apoyado para

mantener la represión política en los artículos de "peligrosidad" del

Código Penal.

Basándose en una misión de investigación efectuada sin permiso en Cuba,

y más de 60 exhaustivas entrevistas, Human Rights Watch afirma que

documentó más de 40 casos en los que el gobierno había encarcelado

individuos bajo la disposición sobre "peligrosidad", por ejercer sus

derechos fundamentales.

Pero la organización también denunciaba el uso de esta figura del código

penal con fines de "limpieza social".

OPERACIÓN VICTORIA

El informe de Human Rights Watch consignaba que en 2009 el gobierno

lanzó en el oriente de Cuba una campaña dirigida a los desempleados,

llamada Operación Victoria. En la provincia de Guantánamo, la campaña

consistió en hacer advertencias oficiales a los desempleados,

especialmente los jóvenes, y someterlos a vigilancia policial. Los que

no encontraron un puesto de trabajo a las pocas semanas fueron

condenados por "peligrosidad".

En un solo día de enero de 2009, cerca de 80 personas, la mayoría de

ellas jóvenes, recibieron advertencias oficiales en Guantánamo por estar

desocupadas, reportó desde la región nuestro colega Luís Felipe Rojas.

Según Rojas, a los que recibieron advertencias se les dijo que tenían 15

días para encontrar trabajo o enfrentar cargos en la corte.

El periodista independiente dijo a Human Rights Watch que 35 de los 80

fueron acusados en febrero de 2009 de "peligrosidad", y condenados a

penas desde un año de trabajos forzados a cuatro años de cárcel.

Supuestamente la operación "tenía como objetivo encarcelar a personas

que no trabajan, pero terminó poniendo tras las rejas a personas que

para sobrevivir trabajaban revendiendo distintos artículos, haciendo

trabajos manuales, llenando neumáticos, o como vendedores ambulantes.

¿SÓLO SE SANCIONAN LOS DELITOS PREVISTOS EN LA LEY?

Analizando la peligrosidad en su blog Jurisconsulto de Cuba, la abogada

independiente Laritza Diversent señala que "A estas personas no se les

comprueba la comisión de un delito. Las autoridades, amparadas en

criterios subjetivos y parámetros ideológicos, valoran que su conducta

debe ser reformada, por presentar una especial inclinación a la comisión

de acciones delictivas. Criterio contradictorio con el principio de

legalidad: Sólo pueden sancionarse los actos expresamente previstos como

delitos en la ley, con anterioridad a su comisión

Concluye diciendo la jurista de El Calvario que, frente a los abusos de

poder, como éstos, el cubano no tiene protección legal alguna.

Rolando Cartaya

rcartaya@ocb.ibb.gov

Rolando Cartaya (La Habana, 1952) Graduado de Periodismo, Universidad de

La Habana 1976. Ha trabajado en la página cultural de Juventud Rebelde,

la agencia UPI, el servicio Worldnet y como editor de las revistas

"Newsweek", "Discover" y "Motor Trend" en español. Ha traducido más de

20 libros para la editorial cristiana Thomas Nelson, Inc. Con Radio

Martí desde 1989, ha sido editor, redactor, reportero, y director y

guionista del programa "Sin Censores ni Censura". Actualmente trabaja en

martinoticias.com. Fue vicepresidente en la isla del Comité Cubano Pro

Derechos Humanos.

http://www.martinoticias.com/content/article/22105.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *