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Indagación del choteo denominado ayuda

Indagación del choteo denominado ayuda
Los cambios en Washington con respecto a La Habana desembocarán más
temprano que tarde en el pugilato entre la responsabilidad
presupuestaria y la simpatía tradicional hacia los inmigrantes cubanos
Arnaldo M. Fernández, Broward | 12/10/2015 11:47 am

El periódico Sun Sentinel hizo carambola a tres bandas con las
consecuencias de las invasiones demográficas de Castro a Estados Unidos:
el flujo de fondos de seguridad social hacia la Isla, la jubilación de
cubanos —incluso funcionarios del castrismo— a costa de los
contribuyentes estadounidenses y la politiquería de mantener como
refugiados a meros inmigrantes.
Unos 330 mil cubanos han arribado a la Florida desde 2003 y como
refugiados se benefician con los programas de ayuda en efectivo y sellos
para alimentos, así como de la capacitación laboral y atención médica
gratuitas. Nueve de cada diez beneficiarios de estos servicios en la
Florida son cubanos y al cierre de 2014 engulleron más de $300 millones,
según el Departamento de Niños y Familias. Luego de tener acceso a “la
ayuda” —nada más que por ser cubanos— muchos van de vuelta a la Isla de
Cuba pintoresca para gastar ese dinero e incluso regresan
definitivamente sin dejar de cobrar en EEUU, gracias a un familiar o
amigo. Hacen bien. Cada cual aprovecha como puede las coyunturas del
mercado.
Tres tristes tretas
La primera invasión demográfica —ordenada por Castro al concluir la
guerra civil (1965)— dio pie a la Ley de Ajuste Cubano (1966). Para 1972
el senador Lawton Chiles (D-FL) conseguía que los invasores entraran de
cajón en el programa federal denominado Ingreso Suplementario de
Seguridad (SSI, en inglés). En 2013, uno de cada diez inmigrantes
cubanos cobró ISS frente a uno de cada 25 inmigrantes de otros países.
La segunda invasión demográfica —urdida por Castro ante los sucesos de
la embajada del Perú (1980)— propició que se concediera a los
inmigrantes cubanos y haitianos la categoría especial de entrants, con
derecho inmediato a la ayuda federal para víctimas de persecución
política. La Ley de Asistencia a la Educación de Refugiados (1980)
englobó a los niños de Cuba, Haití e Indochina junto con los adultos de
Cuba y Haití. Por enmienda se dispuso también reembolsar a las agencias
locales y estatales encargadas de ayuda de emergencia por inmigración
masiva.
En aquel entonces el representante Louis “Skip” Bafalis (R-FL) abogó por
prestar toda la ayuda posible a los refugiados, pero ya declaró a Sun
Sentinel que, al cabo de 35 años, “it really is incredible that it was
allowed to continue”. Uno de los artífices de la precitada enmienda, el
ex senador Richard Stone (D-FL), reconoce que el tiro sale hoy por la
culata, pues no cabe alegar persecución “if you can go back and forth”,
como ilustra ejemplarmente Rosa María Payá.
La tercera invasión demográfica —largada por Castro tras el Maleconazo
con la autorización a emigrar “por medios propios” (1994)— sortearía con
facilidad la reforma de seguridad social (1996) que excluyó por cinco
años a los inmigrantes del pastel de los beneficios. Los políticos de la
Florida arrancaron excepciones que permitieron a los cubanos mantener el
acceso a los sellos para alimentos, Medicaid y SSI. Incluso se superó la
restricción de cortar el SSI a los siete años si el inmigrante no
adquiría la ciudadanía estadounidense. Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln
Díaz-Balart arreglaron en el Congreso que los viejos y enfermos se
hicieran ciudadanos sin pasar las pruebas de inglés y cívica.
Los cambios en Washington con respecto a La Habana desembocarán más
temprano que tarde en el pugilato entre la responsabilidad
presupuestaria y la simpatía tradicional hacia los inmigrantes cubanos,
que concita igualmente alegaciones de injustica por otros inmigrantes.
Tres caras de la ayuda
Además de ayudar a los cubanos que salen huyendo de la persecución
política de la dictadura, aunque luego recurven de visita, el fisco
estadounidense ayuda a quienes se planta en la Isla a luchar por la
libertad y la democracia. Hacen bien. Cada cual aprovecha como puede las
coyunturas del mercado.
El adalid del Frente Antitotalitario Unido (FANTU), Guillermo Fariñas,
ejemplificó de manera muy ilustrativa cómo se invierte esa ayuda. Al
comentar el altercado —en reunión ordinaria de noviembre de 2014— con
José Alberto Botell Cárdenas, Fariñas precisó: “Él tenía dentro de la
organización un estatus de oyente (…) Nosotros le dijimos que para
recibir ‘la ayuda’ (sic) había que escribir noticias o hacer algo”.
De hacer algo dan fe las campañas, tomas de posición ciudadana, mesas,
proyectos, marchas y demás quehaceres de la oposición interna, así como
los cursos de capacitación, encuentros, reuniones, congresos, giras y
demás actividades en el exterior, que vienen acorralando a la dictadura
y precipitan su caída.
La ayuda tiene una tercera cara en quienes se encargan de prestarla
desde los propios Estados Unidos, por ejemplo: International Relief &
Development (IRD), organización no gubernamental que recibe casi todos
sus fondos del gobierno y es uno de los contratistas clave de la USAID
para llevar adelante su programa Hastening the Transition to Democracy
[Acelerar la transición a la democracia] en Cuba.
Uno de los periodistas que participó en la carambola del Sun Sentinel,
Tracey Eaton, hizo otra con el informe de auditoría, la declaración de
impuestos y la página web de IRD. Eaton se topó con que IRD recibió por
lo menos $3,5 millones entre septiembre de 2011 y septiembre de 2014
para proyectos en Cuba, pese a que desde 2010 la firma auditora DMP
Group había detectado que este acelerador de la democracia incurría en
$193.115 de gastos irregulares, incluyendo el consumo de bebidas
alcohólicas como gastos de viaje. Eaton encontró también que el
presidente y director ejecutivo de IRD hasta 2014, Arthur B. Keys Jr.,
ganaba $676.916; su esposa, Jasna Basarick-Keys, directora de
operaciones, $363.255; y uno de los parientes de esta, Mladen Basarick,
director de tecnología global, $193.121. Hacen bien. Cada cual aprovecha
como puede las coyunturas del mercado.
Coda
Así que no hay por qué preocuparse por las bolas revolucionarias de que
una auditoría a las Damas de Blanco habría revelado faltante de 27.542
CUC y que Berta Soler empleó unos 189.000 CUC de la ayuda a la lucha por
la democracia en la compra del auto de su esposo, un apartamento en
Alamar, una casa en Santos Suárez, la canastilla de su hija y unas
cuantas boberías en Panamá. Hace bien. Cada cual aprovecha como puede
las coyunturas del mercado.

Source: Indagación del choteo denominado ayuda – Artículos – Opinión –
Cuba Encuentro –
www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/indagacion-del-choteo-denominado-ayuda-323813

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