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Un abogado cubano, un país sin ley

Un abogado cubano, un país sin ley
“No puede ser que el Tribunal Supremo dicte dos sentencias distintas,
una a favor y otra en contra”
miércoles, marzo 16, 2016 | Ernesto Santana Zaldívar

LA HABANA, Cuba.- Una de las características más constantes en las
diferentes etapas del régimen castrista ha sido la violación de todo
tipo de leyes, incluyendo las que él mismo ha impuesto arbitrariamente.

El caso del abogado Julio Ferrer Tamayo es un ejemplo más que elocuente
del irrespeto institucionalizado de la legalidad, pues con él y con su
esposa se han violado tantas leyes y normas, y se han cometido tantas
irregularidades y arbitrariedades por parte de los mismos que deben
administrar la justicia, que es casi imposible enumerar las infracciones.

Ya sobre este caso se ha escrito en varios medios no oficiales, pero las
amenazas contra Ferrer crecen constantemente y por ello, hace poco,
varios periodistas nos reunimos con el abogado para que nos actualizara
sobre su situación.

Problemas de un abogado que se apega a la ley

Tras licenciarse en derecho en la Universidad capitalina, Julio Ferrer
comenzó a trabajar en el Tribunal Municipal de Guanabacoa y llegó lego a
presidir la Sala Sexta del Tribunal Provincial de La Habana, pero en
1993 renunció a ser juez por no aceptar muchas decisiones ni la
influencia del Ministerio del Interior (MININT) sobre la administración
de justicia en desacuerdo con la ley.

Después, trabajando en los Bufetes Colectivos, fue de los pocos abogados
que asumió la defensa de personas acusadas de prostitución y tráfico de
drogas y que se opuso a las violaciones e irregularidades que se
cometían durante los procesos, logrando incluso éxito con varios
procedimientos de habeas corpus.

Y hasta logró que, a causa de actuaciones incorrectas, se abriera una
investigación contra el juez del Tribunal Provincial Tomás Fernández
Malvares, quien resultó amonestado públicamente por el Presidente del
Tribunal Supremo. Por cierto, en 2003, Fernández Malvares presidió el
juicio sumarísimo contra los secuestradores de la lancha Baraguá, que
terminó con el fusilamiento de tres de ellos. Ferrer Tamayo está
convencido de que el calvario que viven su esposa y él tuvo su origen en
los problemas con este juez: “A partir de ahí, «ellos» se lanzaron tras
de mí.” Finalmente, en 2005, fue expulsado de los Bufetes Colectivos.

Ya sin vículos con el Estado, entró en 2009 en la Asociación Jurídica
Cubana, volviendo a convertirse en un blanco de sus perseguidores, pues
ante todo propuso que esta organización de abogados independientes
realizara el proceso para su legalización, y él mismo se encargó, por su
experiencia, de dirigir los pasos legales correspondientes, que desde el
principio fueron obstaculizados, sobre todo por la falta de respuesta a
las solicitudes.

Por esta violación, llamada “silencio administrativo”, Ferrer realizó
una serie de demandas que implicaron incluso la apertura de dos procesos
contra la Ministra de Justicia, aunque en definitiva el Tribunal Supremo
lo declaró todo sin lugar, alegando que “ningún derecho ni garantía de
la Constitución podían ser usados por ningún ciudadano en contra de los
intereses y los fines de este Estado, y que hacerlo era punible.”

Las represalias de la “justicia”

Es entonces, en junio de 2012, cuando su esposa, Marienys Pavó Oñate
—también miembro de la Asociación y trabajadora de la Dirección
Municipal de la Vivienda del Cerro—, es detenida y acusada de estafa por
un tribunal que, a la vez, reconocía la falsificación de los documentos
que servían de base para la acusación.

Sin embargo, el Tribunal Provincial tuvo que aceptar una demanda de
Ferrer Tamayo por “daños, perjuicios y actos ilícitos” contra su esposa,
pero los papeles se perdieron misteriosamente. Él volvió a presentarla.
El Fiscal General, general de brigada Darío Delgado Cura, anuló el
proceso. Aun así, Ferrer logró reactivarlo con un recurso de casación y
decidió asumir la defensa de su esposa.

Tras varios complejos incidentes y procedimientos, el Tribunal le negó
el derecho a ejercer la defensa de Pavó Oñate por pertenecer a una
organización ilegal “constituida contra los fines del Estado y la
Revolución”. El juicio se celebró a puertas cerradas en julio de 2014 y
le pidieron seis años de prisión. Optó entonces Julio Ferrer por
presentar una demanda contra los jueces de la Sala de los Delitos contra
la Seguridad del Tribunal Supremo, acusándolos de prevaricación —por
emitir una resolución contraria a la ley para perjudicar a la acusada—,
pero esto le valió ser acusado de desacato y condenado a seis meses de
prisión, con la prohibición de ejercer su profesión por cuatro años.

Ferrer Tamayo salió en libertad en septiembre de 2015 y ahora enfrenta
una nueva acusación, más absurda, pero más grave. Le dicen que la
propiedad de su casa, donde vive desde 1999, es falsa porque hay datos
que la Dirección Municipal de la Vivienda no comprobó. No importa que
eso no sea responsabilidad suya y que el asunto corresponda, en todo
caso, a la jurisdicción administrativa y no a la penal.

Inerme ante la maquinaria represiva

“Ahora estoy en medio de tres procesos”, resume Ferrer: “lo de mi
esposa, que ya lleva casi cuatro años presa; lo de mi acusación de
falsificación, que debe decidirlo el Tribunal Supremo, y la suspensión
de mi ejercicio como abogado”.

Cuenta el letrado que la Seguridad del Estado maneja por detrás todos
los hilos: “Ellos le dicen al Tribunal lo que hay que hacer para ganar,
pero no conocen la ley. Quienes la conocen son los jueces, que debieran
decirles: ‘Esto no se puede hacer; hay que buscar otra opción’. Porque
no puede ser que el Tribunal Supremo dicte dos sentencias distintas, una
a favor y otra en contra de mi esposa.”

En la Prisión de Mujeres de La Habana, donde está Marienys, designaron a
una nueva directora, la Teniente Coronel Mercedes Luna Rodríguez. Ferrer
le hizo saber que su esposa estaba condenada por una sentencia falsa y
le demostró que en el expediente de ella no existía ningún documento,
aunque en verdad constaba que la prisión se los había exigido al
Tribunal Supremo.

La funcionaria reconoció que se estaba tratando injustamente a Marienys,
que, aun si ella hubiera cometido el delito y se estuvieran observando
todas las reglas legales, ya podía estar en un campamento, saliendo de
pase: “No sometida a ese régimen, porque se están violando sus derechos,
incluso como interna. Me pidió los documentos donde queda clara la
responsabilidad del Tribunal Supremo, Silvia Jerez Marimón, presidenta
de la Sala Segunda, del Fiscal Jefe Provincial, Edward Robert Campbell,
y yo se los entregué. Me aseguró que ahora todo quedaba en sus manos.
Luego mi esposa me llamó para decirme que la directora ya se había
reunido con ella. Hay que ver qué sucede”.

El abogado cree que la razón principal de todo es que él fue el
principal organizador de las solicitudes de legalización, no solo de la
Asociación Jurídica Cubana, sino también de otras organizaciones que la
policía política persigue, como UNPACU, FANTU, Arco Progresista, Mesa de
Diálogo de la Juventud Cubana, y ha conducido los pasos legales del
proceso tanto ante el Ministerio de Justicia como ante los tribunales.

Lo inaudito de Julio Ferrer, cuando uno lo ve hablar sobre su caso, es
que no se inmuta, no se cansa, no se irrita, no pierde la confianza en
lo que debe ser la justicia. No una justicia divina ni abstracta, sino
una justicia concreta de acuerdo con la ley.

Source: Un abogado cubano, un país sin ley | Cubanet –
www.cubanet.org/actualidad-destacados/un-abogado-cubano-un-pais-sin-ley/

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